Santo Domingo, RD.- La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) fue el escenario de la conferencia “La protección de datos en la Inteligencia Artificial”, organizada por el Tribunal Constitucional. La conferencia fue impartida por las catedráticas españolas Mercedes Serrano y Mónica Arenas, quienes han investigado diversos aspectos sobre la inteligencia artificial y su relación con las informaciones personales.
El objetivo del encuentro fue crear conciencia sobre el avance de la tecnología y su impacto en los derechos de las personas. Las especialistas expusieron sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en los derechos fundamentales de las personas y la democracia de los países, así como la regulación de la misma basada en el riesgo. También explicaron el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento 2016/679), que protege la privacidad de los ciudadanos de la Unión Europea.
Al dar la bienvenida, Héctor Alíes, director de la Escuela de Derecho, destacó la relevancia del tema para la comunidad jurídica: “Este tema despierta el interés de la comunidad jurídica, ya que es un tema actual que debemos conocer y cuya discusión se hace cada vez más necesaria.”
“En este mundo de la Inteligencia Artificial, que va muy rápido, quizás a un ritmo tan acelerado, que nos impide realmente vislumbrar el impacto que puede tener en nuestra vida cotidiana y de manera especial en nuestros derechos. El conocimiento de la cuestión, por tanto, no se reduce a abogados o futuros abogados, sino que es un tema general que atañe a todos”, aseguró Alies.
La catedrática Mercedes Serrano destacó la importancia de regular la IA basada en el nivel de riesgo que representa para los derechos fundamentales. “Lo primero que hace el reglamento de Inteligencia Artificial, una norma absolutamente novedosa, es ofrecer una definición desde el punto de vista jurídico de lo que es la Inteligencia Artificial”, explicó Serrano. Resaltó que la IA puede influir decisivamente en entornos físicos, reales o virtuales, y es crucial definir y regular sus aplicaciones.
Serrano subrayó que la IA está presente en todos los sectores imaginables, desde la agricultura y la seguridad alimentaria hasta la educación, el ámbito judicial y la salud. “Yo creo que no hay ningún sector de la sociedad en el que ahora mismo no haya una intervención más o menos importante de la inteligencia artificial”, afirmó.
La catedrática enfatizó que todos los derechos fundamentales pueden verse afectados por la IA, incluyendo la dignidad, la educación, la tutela judicial efectiva y la privacidad. Aseguró que el reglamento europeo de IA busca generar una Inteligencia Artificial fiable y centrada en la persona, apoyada por principios éticos que complementen la regulación jurídica.
En cuanto a la administración de justicia, Serrano advirtió que, aunque la IA puede colaborar en el esclarecimiento de pruebas y la investigación de delitos, la sentencia seguirá siendo dictada por humanos. “Es un arma colaborativa, pero las sentencias todavía la intervención humana es un elemento determinante en la administración de justicia y dictará las sentencias”, enfatizó.
Serrano detalló los derechos de protección de datos que deben estar presentes en la IA, como el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Señaló la importancia de tener una norma general de protección de datos, siguiendo el ejemplo del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, para abordar la regulación de los sistemas de IA.
Mónica Arenas también habló sobre el impacto de la IA en los derechos fundamentales y cómo estos sistemas afectan las estructuras de los Estados y la democracia. Sin embargo, señaló que estos impactos negativos pueden ser controlados en cierta medida mediante la aplicación de la normativa de protección de datos.
“Todos estos sistemas provienen de datos personales y la mayoría de ellos afectan los derechos de las personas, por lo tanto, lo lógico será aplicar la normativa de protección de datos”, dijo Arenas.
La magistrada María del Carmen Santana de Cabrera, coordinadora del evento internacional, manifestó que, a pesar de las bondades de la Inteligencia Artificial, la comunidad jurídica debe tomar la precaución de reconocer este fenómeno para poder enfrentarlo, pues “impacta directamente en la protección de datos de las personas, independientemente de que tengan o no acceso a los medios tecnológicos”.
La magistrada indicó que la protección de datos es un derecho con rango constitucional en el país y que “basta con que existan datos personales para que estos puedan ser detectados, archivados y procesados por la Inteligencia Artificial”.
“De ahí que hablamos de un riesgo de primera importancia, dado que se trata de aspectos personalísimos, como los datos biométricos o los gustos personales, los cuales podrían ser manejados por una fuerza impersonal, la que, por su propia naturaleza, actúa de manera mecánica y no se contiene por la moral o el derecho”, expuso la jueza constitucionalista.
En el evento participaron jueces, catedráticos, juristas y estudiantes universitarios, quienes mostraron gran interés en el tema y su relevancia para el futuro de la protección de datos y los derechos fundamentales.
