Portada Noticias Eventos Conferencia Consultor jurídico del Ejecutivo presenta en PUCMM la propuesta de reforma constitucional

Consultor jurídico del Ejecutivo presenta en PUCMM la propuesta de reforma constitucional

Santiago, R.D. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y las instituciones que conforman Compromiso Santiago celebraron este miércoles un conversatorio liderado por funcionarios de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, sobre la reforma constitucional que contempla impulsar el Gobierno. 

Aquí, se presentó a académicos y empresarios cuáles son las principales modificaciones, con sus argumentaciones, que el Gobierno plantea realizar a la Carta Magna, a partir de este viernes 16 de agosto. 

Las palabras de bienvenida de este conversatorio estuvieron a cargo del reverendo padre doctor Secilio Espinal, rector de PUCMM, quien recordó el papel de esta academia como espacio de diálogo y concertación para lo que implica una reforma constitucional. 

“Todo proceso de reforma a la Carta Magna debe estar dirigido a fortalecer nuestras instituciones, consolidar nuestra democracia y garantizar un futuro más justo y equitativo para todos los dominicanos”, destacó el rector, al mismo tiempo que invitó a los presentes a participar de este proceso, “y ejercer su derecho a la crítica informada, a realizar aportes y sugerencias que contribuyan a la construcción de un país mejor”.

Luego, el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), Sandy Filpo, tomó la palabra en representación de las instituciones de Compromiso Santiago y presentó el propósito de este encuentro. “La población debe participar en la búsqueda de lograr una pieza legislativa que permita que se plasme la aspiración de la sociedad, en sentido general. Una pieza como ésta no solo debe ser legal, también debe ser legítima”, dijo Filpo.

Durante la conferencia, el consultor jurídico Antoliano Peralta señaló que el mandatario Luis Abinader está convencido de que el intento de repostulación presidencial, más allá de un segundo mandato, “es un elemento perturbador de la vida democrática, política, institucional y social del país”. 

El director de proyectos jurídicos especiales del Poder Ejecutivo, Noel Sued, se encargó de compartir lo que aseguró son los cuatro objetivos principales de esta reforma constitucional: la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial, al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas, consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones, unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, parlamentarias de organismos internacionales y municipales y, por último adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. 

Sobre la cantidad de miembros de la cámara baja, el proyecto contempla reducir de 190 a 137 los diputados. Además, se busca que el procurador general de la República sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura para cada periodo constitucional, con carácter de inamovilidad. 

“Disponer que ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional realizada durante su mandato, cuando esta verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia del cargo que ocupa”, es otro de los planteamientos impulsados en este proyecto de reforma compartidos al público, que tuvo la oportunidad de generar preguntas al funcionario. 

La moderación de la sesión de preguntas y respuestas de este conversatorio estuvo a cargo del director de la Escuela de Derecho del campus Santiago, Edwin Espinal, quien se hizo acompañar de Antoliano PeraltaNoel Sued, y el sub consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla Castillo.  Las palabras de cierre del evento estuvieron a cargo de Juan Mera Montero, presidente de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI). 

Para esta reforma, el Poder Ejecutivo asegura que, a más de 14 años de proclamada la última reforma integral a la Constitución de la República, se necesita robustecer el sistema de controles que opera sobre los poderes del Estado, para garantizar la aplicación plena del principio de separación de poderes.

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