Al abordar el tema de la prisión preventiva, los abogados coincidieron en su uso excesivo en la República Dominicana, siendo este un reto para el sistema carcelario del país.
Santiago, R.D.- La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró este jueves el congreso “Balance al sistema acusatorio a 20 años de su implementación”, en ocasión del vigésimo aniversario de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal dominicano. El encuentro tuvo como propósito evaluar el impacto del Código Procesal Penal en la práctica jurídica y el sistema de justicia penal en la República Dominicana, a partir de las visiones de las partes acusadora, investigadora, juzgadora y la defensa técnica.
La actividad se enfocó en torno a los ejes de privación de libertad y derechos fundamentales, la investigación fiscal, la valoración racional de la prueba y las oportunidades constitucionales de mejora del proceso penal, temas que fueron abordados en cuatro paneles por jueces, representantes del Ministerio Público, abogados y defensores públicos. El evento contó con cuatro paneles, que se desarrollaron desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, en el teatro universitario de PUCMM campus Santiago.
En el primer panel, titulado “Tensión entre la privación de libertad y derechos fundamentales”, el abogado Juan Carlos Bircam, procurador general de la corte de apelación regional de Santiago, compartió algunas precisiones sobre la problemática que genera la prisión preventiva, como parte del manejo dado al sistema penitenciario en estos 20 años. El abogado dijo que la prisión preventiva de manera específica es un mal necesario, ya que en ocasiones es la única medida que garantiza la presencia del imputado y debe verse desde el comportamiento social del ciudadano.
“La solución que podemos trabajar se encuentra en el artículo 2 del Código Procesal Penal que es la solución del conflicto. Que a través de las casas comunitarias se puedan resolver los problemas entre vecinos sin que los involucrados tengan que pisar un tribunal, promover la cultura de negociación y conciliación, esto como tarea pendiente y un mecanismo de ubicación”, dijo Juan Carlos Bircam.
Este primer panel estuvo integrado, además de Juan Carlos Bircam, por Giselle Méndez, jueza presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y Emery Colomby Rodríguez, abogada litigante, y moderado por Rubén Rodríguez, abogado docente PUCMM.
Así también Giselle Méndez, jueza presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, aseguró que persiste una tensión real, vigente y palpable entre la privación de libertad, tutela y el ejercicio de los derechos fundamentales. “A sus 20 años de implementación (del Código Procesal Penal), uno de los principales retos sigue siendo el uso excesivo de la prisión preventiva, la población carcelaria… Los presos preventivos se han duplicados y debemos pensar en qué estamos haciendo, no podemos desconocer que en el país tenemos múltiples debilidades…”, dijo Méndez.
Mientras que Emery Colomby Rodríguez, abogada litigante criticó que la prisión preventiva sea vista como una mal necesario y consideró que la presunción de inocencia sí debe ser lo necesario en la República dominicana. Dijo que el sistema penitenciario está en un franco deterioro. “Se debe valorar la imposición de la prisión preventiva y centrase en el centro, que es el individuo”.
Los paneles y sus integrantes
Segundo panel de este evento se tituló “La investigación fiscal: luces y sombras”, con la participación de Javiela García de Fadul, jueza presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago; Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez del Tribunal Constitucional; Osvaldo Bonilla, procurador fiscal del Distrito Judicial de Santiago, licenciada Ramón Núñez, abogado litigante, y moderado por Alejandro Báez, docente PUCMM.
El tercer panel dedicado a la “La valoración racional de la prueba ¿Deuda pendiente?”, estuvo integrado por los panelistas Claudio Anibal Medrano, juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte Ministerio; la abogada Luisa Liranzo; el docente y abogado Eduardo Núñez, y moderadora por Juliana Ramia, docente PUCMM.
El cuarto panel, “Oportunidades constitucionales de mejora al proceso penal”, lo integró Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional; Nassef Perdomo, constitucionalista; José Lorenzo Fermín, abogado litigante; Rodolfo Valentín Santos, director nacional Oficina Nacional de la Defensa Pública, y moderadora por la doctora María del Pilar Zuleta, docente PUCMM.
