Santo Domingo, RD.- La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) realizó el conversatorio “Igualdad y democracia, avances jurisprudenciales y retos contemporáneos”, un espacio de reflexión académica destinado a analizar el alcance real del principio de igualdad en los sistemas democráticos y el papel de la jurisprudencia frente a los desafíos actuales.
En la actividad participaron Alberto Rojas Ríos, exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional de Colombia; Karina Kasseye, magistrada de ese mismo tribunal y Amaury Reyes Torres, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El panel fue moderado por la magistrada de la Suprema Corte de Justicia y profesora de la Escuela de Derecho, Miguelina Ureña Núñez.
Ureña Núñez destacó que este conversatorio aborda dos pilares fundamentales para un Estado social y democrático de derecho: la igualdad y la democracia. “Aunque la Constitución establece la igualdad entre todas las personas y prohíbe la discriminación por motivos de creencias o preferencias, el verdadero desafío radica en determinar hasta qué punto esa igualdad se aplica con un auténtico espíritu de dignidad humana”, dijo la docente.
La magistrada colombiana Karina Kasseye señaló que el derecho constitucional implica una redistribución del poder dentro de la sociedad y que uno de sus principales retos es garantizar que los derechos lleguen especialmente a las poblaciones más vulnerables.
Kasseye explicó que los tribunales constitucionales utilizan distintas metodologías para garantizar la igualdad. Entre ellas destacó las acciones positivas o de discriminación positiva, orientadas a compensar las desigualdades reales que existen en la sociedad y facilitar el acceso de determinados grupos a sus derechos.
La magistrada también abordó diversas formas de discriminación que han sido identificadas por la justicia constitucional, entre ellas las relacionadas con el sexo, la edad, las preferencias políticas o el origen nacional.
Como ejemplo, mencionó el edadismo, entendido como la discriminación por edad. Recordó que durante la pandemia de 2020 en Colombia se emitió un decreto que prohibía a las personas mayores de 70 años salir de sus hogares con el objetivo de proteger su salud. “Sin embargo, la medida fue cuestionada por considerar que restringía injustificadamente su libertad y constituía una forma de discriminación”, agregó.
Según explicó la abogada, la Corte Constitucional evaluó el caso y concluyó que se trataba de una norma discriminatoria, ya que partía de la premisa de que las personas mayores tienen menos capacidad para decidir sobre su propia libertad.
El magistrado Amaury Reyes Torres analizó el alcance del principio de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana, destacando que la Carta Magna dominicana incorpora avances importantes del constitucionalismo comparado y establece obligaciones claras para garantizar la igualdad real entre las personas.
El magistrado explicó que la Constitución identifica diversas categorías que deben ser protegidas frente a la discriminación, entre ellas el género, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, opinión política, filosofía, y condición social o personal.
El magistrado también resaltó que el artículo 39 asegura la igualdad entre hombres y mujeres y prohíbe cualquier acto que limite el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. “El hombre y la mujer son iguales ante la ley y se prohíbe categóricamente cualquier acto que limite o afecte el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones”, explicó.
El exmagistrado Alberto Rojas Ríos abordó la evolución del principio de igualdad y los derechos de las mujeres en el ámbito constitucional e internacional, destacando la importancia de aplicar la perspectiva de género en la interpretación de las normas. “Es necesario quitarle a la igualdad esa especie de neutralidad vacía… decir que somos iguales, pero que en la realidad terminamos siendo profundamente desiguales”, afirmó.
El jurista indicó que en América Latina persiste una desigualdad que muchas veces no se reconoce abiertamente. “La desigualdad en Latinoamérica es silente. No se canta, pero la verdad es que existe”.
Durante su intervención, Rojas Ríos presentó ejemplos de decisiones judiciales impulsadas desde su despacho que evidencian la aplicación de la perspectiva de género en la jurisprudencia constitucional.
Uno de los casos ocurrió en 2019, cuando un equipo infantil de fútbol fue sancionado en un torneo porque su arquera era una niña. Según explicó, las autoridades deportivas pretendían impedir la participación del equipo por considerar que el reglamento no permitía esa situación. “Un equipo infantil fue sancionado en un torneo aficionado porque su arquera era una niña y el resto del equipo estaba conformado por niños”, relató. Sin embargo, la Corte concluyó que esta decisión estaba basada en prejuicios discriminatorios. “Los estereotipos según los cuales los niños solo pueden competir en equipos exclusivamente femeninos o masculinos carecen de fundamento racional”, determinó el tribunal.
El director de la Escuela de Derecho, Héctor Alies, explicó que el panel fue concebido como un espacio de enriquecimiento para la comunidad académica. Alies resaltó además la participación de invitados internacionales provenientes de Colombia, país cuya Corte Constitucional es una de las más citadas por el Tribunal Constitucional dominicano. En la actividad estuvieron presentes estudiantes y docentes.
