Santo Domingo, R.D.- La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) conmemoraron este martes el 24 aniversario de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, con la celebración de un panel especializado sobre el tema, y la socialización de una nueva Maestría en Seguridad y Protección Social, en proceso de diseño que abordará la seguridad social, desde todas sus vertientes de cobertura: salud, pensiones y riesgo laboral.
El programa académico, que tendrá una extensión de dos años, buscará impactar en las capacidades institucionales y la innovación en políticas públicas más efectivas, modernas y basadas en evidencia, para fortalecer el sistema de seguridad social en la República Dominicana.
Durante el evento, el vicerrector académico de la PUCMM, Julio Ferreira, explicó que se trabaja en un programa que dé respuestas a la necesidad de formar a profesionales altamente capacitados para enfrentar los desafíos de seguridad social. Además, con un componente de investigación que resultará en avances significativos para abordar, desde la ciencia, las áreas que convergen, como las políticas públicas, derecho, economía, salud, trabajo, género y desarrollo humano.
El vicerrector expresó que desde la academia se reconoce que no es posible hablar de justicia social y progreso humano sin una seguridad social sólida, inclusiva y sostenible. “Por eso, esta maestría no solo representa un avance en la oferta formativa de la Madre y Maestra, sino también una plataforma estratégica para contribuir de manera activa a la transformación de nuestro sistema de protección social”, señaló Ferreira.
El gerente general del CNSS, Edward Guzmán Padilla, explicó que este proyecto es resultado de un convenio firmado hace ya dos años entre ambas instituciones, que persigue impulsar la educación y formación en esta área, como principal motor para consolidar una cultura nacional de seguridad social.
“La educación es y seguirá siendo el principal motor para consolidar una cultura de seguridad social. Una cultura que no solo entienda los derechos, sino que también abrace la responsabilidad colectiva de garantizar su cumplimiento”. En ese sentido, subrayó el papel estratégico de la educación superior en la formación de profesionales capaces de comprender, gestionar y transformar el sistema.
La socialización de la propuesta formativa, en detalle, fue presentado por la decana de Postgrado de la PUCMM, doctora Orisell Medina, quien explicó que la nueva maestría en seguridad y protección social contemplará dos concentraciones: “previsión social” y “salud, y salud ocupacional”. Además, promoverá el estudio de la seguridad social desde los planos normativo, doctrinal y jurisprudencial.
Medina destacó que la estructura curricular del programa estará diseñada de forma integral, incorporando fundamentos de economía, sociedad, marco jurídico, gobernanza y gestión, junto a los estudios teológicos característicos de la PUCMM. Este programa será dirigido a profesionales de diversas áreas como derecho, economía, salud, trabajo social, administración y contabilidad; también está orientado a legisladores, consultores, docentes, investigadores y funcionarios del sistema de seguridad social.
Bajos salarios e informalidad, los grandes problemas del sistema
Luego de la presentación de esta maestría, se celebró el panel “24 años de Seguridad Social en República Dominicana: avances, desafíos y el camino hacia una protección social universal y sostenible”, con la participación como panelistas del superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton; el superintendente de pensiones, Francisco Torres, y Elías Báez, director en la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA). También completaron, Laura Peña Izquierdo, representante del sector empresarial, y Vicente García, por el sector sindical.
Aquí, Miguel Ceara Hatton indicó que uno de los desafíos más urgentes del sistema de seguridad social, “es lograr el equilibrio entre la sostenibilidad financiera y la justicia social”, debido a las condiciones estructurales del propio sistema, como los bajos salarios, la alta informalidad laboral, que abarca a más del 50% de la población, y el envejecimiento poblacional. Además, mencionó la necesidad de responder a los avances constantes de la Medicina: “adaptarse a estos avances médicos es otro gran desafío que debemos enfrentar desde la política pública”.
Además, Francisco Torres hizo un análisis comparativo del sistema de pensiones en República Dominicana con otros países, y puso como ejemplo Holanda, donde la contribución al sistema de pensiones equivale al 25 % del salario individual, mientras que en la República Dominicana es solo del 9.97 %.
Otro aspecto que mencionó fue el tiempo de cotización: “En muchos países desarrollados, una persona comienza a trabajar a los 20 años y se retira alrededor de los 66.5 años, acumulando cerca de 45 años de aportes. En cambio, en República Dominicana la edad de retiro es de 60 años y el promedio de años de contribución ronda los 30”.
El superintendente de pensiones reiteró que cualquier reforma debe enfocarse en tres pilares: accesibilidad, sostenibilidad y predictibilidad. “Sin un nivel de ahorro suficiente y sin un tiempo de ahorro suficiente, no vamos a lograr un beneficio suficiente”.Tambi
También, Elías Báez mencionó que el catálogo de prestaciones y servicios no se actualiza ni se automatiza de forma continua, “en parte porque la Ley carece de un procedimiento claro y no existe un reglamento que fije plazos específicos para su revisión”. Explicó que, con la llegada constante de nuevas tecnologías y equipos médicos, como las máquinas de resonancia, muchas veces los médicos se encuentran con que estos procedimientos no están incluidos en el catálogo, ya que el equipo llegó después y el listado está desactualizado.
También expuso el componente económico del problema: incorporar constantemente nuevas tecnologías, como resonancias o quimioterapias más efectivas pero costosas, podría poner en riesgo la sostenibilidad del sistema. “Con salarios de 10 mil o 15 mil pesos y una economía que, aunque crece un 5 % cada año, beneficia más a los ricos mientras los pobres se empobrecen, el sistema no se sostiene”, dijo.
Laura Izquierdo ofreció una explicación sobre el funcionamiento del sistema de seguridad social y las reformas que considera más urgentes. Destacó que, antes de modificar la ley, es necesario enfocarse en aquellos aspectos que ya están contemplados pero no se están aplicando. Uno de ellos es el artículo 6 de la Ley de Seguridad Social, que establece la importancia de incluir educación sobre seguridad social en los niveles básico y medio del sistema educativo.
“Es fundamental que en las escuelas y colegios se enseñe sobre el sistema dominicano de seguridad social, así como sobre los derechos y deberes de los ciudadanos… Cuando uno conoce sus derechos, deja de criticar, porque entiende cómo funciona el sistema y qué beneficios ofrece”, dijo la representante de los empresarios en este panel.
Al abordar el problema de la informalidad laboral, Izquierdo afirmó que es necesario integrar a los trabajadores independientes al sistema, ya que aún está pendiente la implementación del régimen contributivo subsidiado. Sobre esto agregó que se debe establecer un consenso sobre la forma en que estas personas podrán incorporarse al sistema. “Si logramos esto, avanzaremos hacia la universalidad y haremos valer los derechos de un sector que aún no ha podido ejercerlos plenamente”, resaltó.
Vicente García manifestó su respaldo a la implementación de un plan piloto para la integración de trabajadores independientes al régimen contributivo subsidiado. “Estoy de acuerdo con que se inicie, sea con un plan piloto, pero que se inicie, porque eso va a reducir lo que es el gasto de bolsillo de cada uno de los hogares dominicanos”, aseguró.
“Tenemos un 53% de la población (informalidad) que está desprotegida, sin servicios, sin salud”, lo que evidencia la necesidad urgente de acción. En ese sentido, destacó que el problema no radica en la legislación vigente: “No es un problema de la ley, es un problema de aplicación, es un problema de los actores que no estamos asumiendo la responsabilidad y la voluntad política para resolver la situación”.
