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Escuela de Derecho realiza panel sobre seguridad y salud en el trabajo

Escuela de Derecho realiza panel sobre seguridad y salud en el trabajo

Santo Domingo, RD.- La Escuela de Derecho de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social realizaron el panel “Seguridad y Salud en el Trabajo, Cuestiones Legales y Prácticas”. El objetivo del panel fue proporcionar un espacio para el intercambio de conocimientos sobre las normativas y procedimientos prácticos que aseguran ambientes laborales seguros y saludables.

El panel estuvo compuesto por destacados profesionales del área, incluyendo al abogado Fernando Roedán González; la abogada Laura Medina Acosta; y el ingeniero Héctor Montero, experto en seguridad y salud en el trabajo. También participaron Wendy Martínez, jueza presidenta de la primera sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, y Ernesto Evertz, juez presidente de la segunda sala del Juzgado de Trabajo de la provincia de Santo Domingo. La moderación estuvo a cargo de la abogada Ana Pérez.

Durante el panel, se abordaron la normativa vigente y las prácticas para la prevención de riesgos laborales, así como la implementación de políticas efectivas de seguridad y salud en el entorno laboral.

El profesor Héctor Alies Rivas, director de la Escuela de Derecho del campus de Santo Domingo, destacó la relevancia de la seguridad y salud en el trabajo, mencionando que “muchas veces no se observa la importancia de estos temas”.

“Espero que saquen provecho de esta actividad y que puedan reflejar lo aprendido en sus oficinas, instituciones y empresas”, agregó el profesor Alies Rivas.

El experto en seguridad y salud en el trabajo, Héctor Montero destacó la importancia de un sistema de gestión de seguridad y salud, y dijo que este asegura que los empleados puedan cumplir con sus funciones de manera segura y eficiente. “Cualquier empresario que tenga un equipo de personas productivas verá crecimiento en su empresa, ya que su personal no se preocupará por temas de seguridad y salud,” explicó Montero.

Montero enfatizó que la responsabilidad de la seguridad y salud es compartida entre empleador y empleado. “El empleador debe proporcionar las herramientas necesarias, pero el empleado también debe cumplir con todas las normas de seguridad y salud exigidas. Este cumplimiento no solo es una obligación legal, sino también una medida para prevenir accidentes laborales”.

Montero describió el cumplimiento de las normas de seguridad y salud como una situación “ganar-ganar” para los empresarios. “Aunque puedan parecer gastos, son inversiones importantes que benefician tanto al empleador como al empleado”.

Al mencionar los aspectos básicos de un programa de salud y seguridad, Montero señaló que este debe incluir 20 elementos claves, entre ellos la designación de un responsable del departamento, una persona formada y conocedora del área. “Muchas empresas adjudican esta responsabilidad al área de recursos humanos, que no siempre tiene la experiencia necesario”, afirmó Montero. La mejor opción, según él, es tener una persona responsable con conocimientos específicos en estos temas.

El ingeniero mencionó que un buen programa de salud y seguridad incluye controles de compra, análisis de riesgos y un plan de entrenamiento, entre otros elementos. “Es fundamental realizar un análisis de riesgos y peligros en la empresa y levantar la información necesaria para desarrollar una política de salud y seguridad”. Además, señaló que una política de salud y seguridad debe ser considerada ley dentro de la empresa, asegurando el cumplimiento de las normas establecidas.

El magistrado Ernesto Evertz, juez presidente de la segunda sala del Juzgado de Trabajo de la provincia de Santo Domingo, destacó que la no conformación de comités mixtos vulnera los derechos de los trabajadores y constituye “una falta grave e inexcusable.” Según el magistrado, en un comité mixto los trabajadores tienen la obligación de integrarse y, en caso de negarse, “deben ser puestos en mora e incluso podrían ser objeto de algún tipo de despido.”

Evertz enfatizó que tanto empleadores como trabajadores deben cumplir con sus respectivas obligaciones. El Código de Trabajo establece una serie de vías para que las partes que no cumplan, puedan obtener tutela judicial, indemnización y los derechos correspondientes. “Esto está en la Constitución de 2010, que resalta el derecho al trabajo y a la seguridad social. El trabajador puede acudir al tribunal a través de una dimisión,” señaló el magistrado.

El abogado Fernando Roedán González habló sobre los retos legales y prácticos en la aplicación de las normativas de salud y seguridad laboral, subrayando que la seguridad y la salud en el trabajo son derechos fundamentales. “Nuestra Constitución establece que es obligación de todo empleador garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, higiene y un ambiente de trabajo adecuado. No hay absolutamente ninguna duda de que esto es un derecho fundamental,” resaltó Roedán.

La abogada Laura Medina Acosta expresó que el sistema de gestión de salud y seguridad incluye componentes no solo de análisis de riesgo y creación de políticas, sino también de evaluación y auditoría. “Es obligación de la empresa revisar continuamente estas políticas y procedimientos, así como obtener información de los trabajadores sobre cómo se han implementado y si ayudan a preservar la salud y seguridad en el trabajo,” explicó Medina Acosta.

La magistrada Wendy Martínez abordó los retos del teletrabajo y la salud mental en la era digital y destacó que la nueva forma de interrelacionarnos con las nuevas formas de trabajo ha generado un contexto distinto, provocando nuevas enfermedades que no son las típicas contempladas por los comités de higiene y seguridad, ni las enfermedades típicas de la actividad industrial. Señaló que estas nuevas enfermedades son de índole mental, emocional y psicológica.

Además, la magistrada resaltó que dentro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se han implementado medidas como el convenio contra el acoso laboral. “El 90% de las mujeres dominicanas reciben acoso en el trabajo, de conformidad a los datos estadísticos del 2022”, indicó. Martínez añadió que es crucial considerar el impacto de esta cifra y la magnitud de la discriminación y violencia que sufren las mujeres en el ámbito laboral.

Para concluir, la magistrada Wendy Martínez aseguró que, “el derecho del trabajo debe sufrir una transformación acorde con la transformación que ha venido experimentando la sociedad en las últimas décadas”, destacando la necesidad de adaptar las leyes laborales a los nuevos desafíos y realidades del mundo moderno. La actividad contó con la presencia de autoridades académicas y administrativas, docentes, estudiantes y egresados de la universidad e invitados especiales.

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