Santo Domingo, R.D.- La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró el panel “Derecho Digital: transformaciones, oportunidades y desafíos para la nueva generación jurídica”, un espacio de reflexión sobre cómo la inteligencia artificial, el blockchain, la automatización legal y las plataformas digitales están redefiniendo la práctica jurídica contemporánea.
El evento, moderado por el profesor Omar Victoria, contó con la participación de los abogados Jaime Ángeles, Aida Domínguez Imbert y Diego García, quienes compartieron experiencias prácticas y reflexiones sobre los retos que impone esta nueva realidad tecnológica.
El director de la Escuela de Derecho en el campus Santo Domingo, Héctor Alies Rivas, subrayó que el derecho digital ya no es un tema del futuro, sino del presente. “Hay que hablar de derecho digital, hay que ver los retos, desafíos, oportunidades que presenta y cómo viene a irradiar todo el derecho para adaptarlo a la época que estamos viviendo”, afirmó.
Asimismo, anunció que la asignatura de Derecho Digital será incorporada próximamente al plan de estudios de la carrera, como parte del proceso de reforma curricular. “Eso es un paso relevante y que motiva mucho más la actividad del día de hoy”, sostuvo Alies, destacando la iniciativa del profesor Victoria en proponer esta materia.
Durante el panel, el profesor Omar Victoria afirmó que el derecho vive un momento de transformación radical, “estamos viviendo un momento disruptivo en el estudio del derecho, en el desarrollo jurídico, donde somos testigos de primera línea de esa transformación”. Resaltó que la práctica legal está cambiando aceleradamente y que fenómenos como los smart contracts o la inteligencia artificial ya están presentes en la vida jurídica cotidiana.
La abogada Aida Domínguez Imbert, fundadora de OWL Legal, abordó el concepto de Legal Tech y su aplicación en la prestación de servicios jurídicos. Señaló que su firma ha logrado gestionar más de 60 proyectos en 2025 sin inversión en publicidad, gracias a un modelo disruptivo que automatiza el contacto entre abogados y clientes. “No se trata solo de usar tecnología, sino de hacerlo con propósito, para agregar valor y eficiencia”, expresó.
Sobre la aplicación de la tecnología en el derecho, Domínguez explicó que existen dos enfoques: uno orientado a la eficiencia de procesos tradicionales, y otro enfocado en alterar el modelo jurídico convencional. OWL apuesta por este último. “Emprendimos en la ruta de desarrollar nuestra propia plataforma tecnológica”, explicó, lo que les ha permitido hacer una especie de combinación entre cliente y abogado de manera automatizada.
También reflexionó sobre el nivel de conocimiento tecnológico que debe tener un abogado actualmente: “el conocimiento tiene que ser básico, pero donde yo me enfocaría es en un interés en entender que la tecnología está para servir como aliado”. En cuanto al potencial del Legal Tech en el sistema judicial, Domínguez consideró que puede ser una herramienta transversal en la mejora del sistema jurídico en su conjunto, en tanto aporta eficiencia, competitividad y un valor agregado a los clientes.
El abogado Diego García explicó el funcionamiento de los smart contracts y su papel como herramientas que automatizan la ejecución de acuerdos, aunque reconoció limitaciones en la interpretación de conceptos jurídicos indeterminados. También destacó el potencial del blockchain como registro descentralizado de la verdad jurídica y advirtió sobre los riesgos legales asociados a estas tecnologías.
García señaló que los contratos inteligentes suelen ser malinterpretados. “Mucha gente dice que no son contratos y no son inteligentes, aunque se llaman smart contracts”, expresó. Explicó que más allá del nombre, estos contratos son códigos programables que permiten la ejecución automática de obligaciones pactadas por las partes, con base en parámetros previamente definidos.
Desde una perspectiva jurídica, subrayó que “el contrato no es una hoja ocho y medio por once, el contrato no es una línea de código, el contrato es una cosa etérea, que no se toca”. Por tanto, los contratos inteligentes no reemplazan por completo a los contratos tradicionales, sino que funcionan como instrumentos de prueba automatizados que ejecutan cláusulas acordadas, aunque con limitaciones para interpretar conceptos jurídicos indeterminados.
Respecto al blockchain, Garcia lo definió como una evolución del mecanismo para consensuar la verdad jurídica y registrar derechos de propiedad. “La razón por la que las cosas se escriben es para tener una fuente común de cuál es la verdad. Un consenso”, explicó.
Asimismo, advirtió sobre los riesgos legales y de seguridad, recordando que “los smart contracts son hackeables” y mencionó que en Estados Unidos ya existen condenas penales por la manipulación ilícita de estos contratos, lo que evidencia que los jueces tradicionales también están conociendo este tipo de casos, especialmente en la jurisdicción penal.
El abogado Jaime Ángeles alertó sobre el rezago normativo del sistema jurídico dominicano, especialmente en lo relativo a la admisión de pruebas digitales. Señaló que muchas disposiciones vigentes datan del siglo XIX, lo cual dificulta el reconocimiento legal de evidencias electrónicas. “Tenemos muchas cosas que resolver a modo de derecho interno”, afirmó.
Ángeles explicó que este rezago legal impide el acceso eficiente a información relevante, incluso cuando existe un vínculo societario entre las partes. “Todavía hoy el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil no me da una autorización para yo poder ir y sacar información”, destacando que muchas normas procesales vigentes resultan obsoletas en el contexto actual.
Aunque reconoció que “los jueces tienen cierta apertura” para admitir pruebas digitales como correos electrónicos o mensajes de WhatsApp, también advirtió sobre los riesgos de manipulación y falsificación de este tipo de evidencia.
Ángeles subrayó la necesidad de una revisión profunda del marco normativo dominicano. “Tenemos muchas cosas que resolver a modo de derecho interno”, enfatizó, haciendo un llamado a actualizar las leyes para responder adecuadamente a las realidades del entorno digital.
La jornada fue organizada con el apoyo del Comité de Estudiantes de Derecho y reunió a docentes, estudiantes, autoridades universitarias e invitados especiales, consolidando así el compromiso de la PUCMM con una formación jurídica adaptada a los desafíos del siglo XXI.
