Santo Domingo, R.D.- La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) realizó el panel “Nueva Ley, nuevos retos: hacia una contratación pública estratégica”, con el cual dio inicio al período académico y dejó formalmente aperturada la primera cohorte de la Maestría en Contrataciones Públicas y Estrategia, un programa pionero en el país.
El encuentro se desarrolló por la promulgación de la Ley 4725 de Contrataciones Públicas, normativa promulgada en el mes de julio, que abre un nuevo capítulo para la República Dominicana, al promover una visión de la contratación no solo como un procedimiento administrativo, sino como una herramienta estratégica para el desarrollo nacional.
En el panel participaron Carlos Pimentel, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas; Jaime Rodríguez, abogado consultor; y Ana Patricia Osser, directora jurídica de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. La moderación estuvo a cargo de Pascal Peña, coordinador de programas de Postgrado, quien destacó la importancia de este espacio de reflexión para vincular a los futuros profesionales con los retos actuales de la gestión pública y el marco legal vigente.
Durante su ponencia “De la compra administrativa a la compra estratégica con propósito”, Carlos Pimentel afirmó que la Ley 4725 de Contrataciones Públicas marca el inicio de una transformación profunda en el sistema, al pasar de ver la contratación como un simple trámite administrativo a considerarla una herramienta estratégica de desarrollo.
Carlos Pimentel, subrayó que las contrataciones del Estado no pueden reducirse a lo más barato, sino que deben orientarse al concepto de “compra con propósito”, es decir, adquisiciones que respondan a necesidades reales con la calidad requerida y que al mismo tiempo, estén vinculadas a metas nacionales como la inclusión, la generación de empleo, el empoderamiento económico de la mujer y la sostenibilidad ambiental.
“La Ley 4725 marca un punto de inflexión al dejar atrás el modelo administrativo para avanzar hacia un modelo estratégico, en el que cada peso invertido por el Estado sea visto como una oportunidad para transformar vidas”, destacó Pimentel. Asimismo, señaló que “el Estado no gasta, el Estado invierte”, destacando programas de formación para auditores y unidades de compra, así como disposiciones que fortalecen la producción nacional y promueven la contratación con criterios de valor público.
El funcionario resaltó que la contratación estratégica debe generar valor público más allá del valor económico, incorporando impacto social y ambiental. En ese sentido, explicó que la Ley 4725 amplía la cuota de participación de las Mipymes en las contrataciones públicas, elevando del 20 % al 30 % la reserva general, y del 5 % al 10 % la destinada a Mipymes lideradas por mujeres.
Ana Patricia Osser destacó la necesidad de fortalecer la contratación pública en el sistema de salud dominicano con un enfoque estratégico que priorice la calidad, la eficiencia y el acceso equitativo a los servicios. Señaló que “el Sistema Dominicano de Seguridad Social constituye uno de los grandes logros históricos del país, al ofrecer coberturas de procedimientos de alto costo, como los trasplantes”.
No obstante, advirtió que el gasto en medicamentos sigue siendo uno de los principales desafíos para la sostenibilidad del sistema, ya que representa tanto un alto porcentaje del presupuesto público como del bolsillo de los ciudadanos. Subrayó que la nueva Ley 4725 abre oportunidades para implementar modelos innovadores de contratación, fomentar el uso de medicamentos genéricos y fortalecer la industria farmacéutica nacional.
“El reto es superar la lógica de ‘menor precio’ por la de ‘mayor valor por dinero’, incorporando evaluaciones de tecnologías sanitarias y esquemas de compras conjuntas entre instituciones públicas para optimizar resultados”, resaltó Ana Patricia Osser.
El abogado Jaime Rodríguez también resaltó la importancia de concebir la contratación pública como una herramienta estratégica para impulsar políticas sociales, económicas y ambientales en la República Dominicana. “En palabras sencillas, pudiésemos entender el poder de compra del Estado como la capacidad que tiene el sector público de influir en la economía, en los mercados y en la sociedad, a través de sus adquisiciones. Cuando el Estado contrata, incide en la economía e incide en la sociedad”, afirmó.
Rodríguez explicó que este enfoque, denominado contratación pública estratégica, trasciende la visión tradicional y burocrática de las compras estatales, buscando alinear las adquisiciones con objetivos previamente planificados, como la protección del medio ambiente, la inclusión social y la sostenibilidad económica.
