Santo Domingo, R.D.- El Decanato de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) realizó el panel “Lavado de activos: impacto, prevención y responsabilidad en las sociedades comerciales”, con el objetivo de promover el análisis académico y práctico sobre este fenómeno en el contexto jurídico y empresarial.
La actividad contó con la participación de Aileen Guzmán Coste, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana; el economista Heiromy Castro, vicepresidente de Cumplimiento del Banco de Reservas; y Tania de León, presidenta de la World Compliance Association, Capítulo República Dominicana (WCA-RD).
La profesora Claudia Cepeda subrayó la relevancia del tema en el contexto actual. “Hoy abordamos un tema que ha dejado de ser exclusivo del ámbito público para convertirse en un eje central en el crecimiento global: el lavado de activos y la responsabilidad de las sociedades comerciales”.
La especialista Aileen Guzmán Coste abordó el fenómeno del lavado de activos desde una perspectiva actualizada, destacando que este delito ha evolucionado significativamente con el tiempo. Explicó que en el pasado se asociaba casi exclusivamente al narcotráfico, pero que hoy en día su alcance es mucho más amplio.
Guzmán Coste indicó que el marco legal dominicano ha ido incorporando nuevos delitos precedentes al lavado de activos. Entre ellos mencionó la evasión fiscal, que desde 2017 forma parte de esta categoría, así como los delitos de alta tecnología y los relacionados con la propiedad intelectual. “Esta ampliación refleja que el lavado de dinero no se limita a un solo sector, sino que puede afectar a cualquier industria o actividad económica, lo que incrementa su complejidad y alcance”, dijo.
La experta explicó que el sistema dominicano de prevención del lavado de activos se sustenta en tres grandes enfoques: prevención, detección y represión. El primero, el enfoque preventivo, involucra a los llamados “sujetos obligados”, que incluyen tanto entidades financieras como bancos, aseguradoras y puestos de bolsa—como no financieras, entre ellas constructoras, concesionarios de vehículos y otras empresas. “Estas entidades deben cumplir con normativas específicas y aplicar programas de cumplimiento basados en riesgo, bajo la supervisión de organismos reguladores”, destacó la experta.
En cuanto al segundo componente, la detección, Guzmán Coste destacó el rol de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad encargada de analizar reportes de operaciones sospechosas enviados por los sujetos obligados. “Cuando una transacción se sale del perfil habitual de un cliente, se genera un reporte que la UAF procesa mediante el denominado ciclo de inteligencia financiera, con el objetivo de elaborar informes que puedan ser utilizados en investigaciones”, explicó Gúzman.
Al mismo tiempo, explicó el tercer enfoque es la represión o persecución del delito, responsabilidad del Ministerio Público de la República Dominicana, específicamente a través de sus procuradurías especializadas. “Este componente se encarga de investigar, procesar y sancionar los casos de lavado de activos, cerrando así el ciclo del sistema antilavado”.
Heiromy Castro, en su calidad de vicepresidente de cumplimiento del Banco de Reservas de la República Dominicana, ofreció un análisis integral sobre la evolución del lavado de activos y los desafíos actuales desde la perspectiva de los sujetos obligados.
El especialista Heiromy Castro explicó que los sujetos obligados deben estructurar sus sistemas de prevención del lavado de activos a partir de cuatro factores de riesgo fundamentales. Detalló que el riesgo del cliente se relaciona con el perfil, comportamiento y actividades de los usuarios; mientras que el riesgo de productos está vinculado a los servicios o instrumentos financieros que podrían ser utilizados para ocultar fondos ilícitos. Asimismo, indicó que el riesgo geográfico se asocia a jurisdicciones con altos niveles de criminalidad o debilidades regulatorias, y el riesgo de canales de distribución se enfoca en los medios utilizados para realizar transacciones, especialmente en entornos digitales.
Castro subrayó que estos cuatro elementos constituyen la base para el diseño de programas de cumplimiento efectivos, permitiendo a las instituciones definir su nivel de tolerancia o apetito de riesgo. “Este enfoque basado en riesgo es clave para cumplir con las normativas vigentes y fortalecer los controles internos frente a posibles operaciones ilícitas”.
En cuanto a los desafíos actuales, el experto advirtió que tanto las autoridades como los sujetos obligados enfrentan un entorno cada vez más complejo. Señaló que la desinformación y las fake news dificultan la identificación de información confiable, afectando la toma de decisiones. “A esto se suma la evasión fiscal, que continúa siendo un delito precedente de alta relevancia, así como el tráfico ilícito de migrantes, especialmente significativo en países con dinámicas migratorias activas como la República Dominicana”, dijo Castro.
La especialista Tania de León destacó que contar con una matriz de riesgo ya no representa el principal desafío para las empresas. Según explicó De León, el verdadero reto radica en comprender el origen de los riesgos, más allá de su simple identificación. “El tema ahora está en qué genera los riesgos y dónde se originan”, afirmó, y señaló que muchas veces las organizaciones se limitan a reaccionar ante riesgos ya visibles, sin analizar las causas profundas que los generan.
De León enfatizó que la mayoría de los riesgos surgen en los procesos de toma de decisiones humanas, muchas veces de manera automática y no reflexiva. “Cuando una conducta de riesgo es observable, ya el riesgo se ha materializado, por lo que el enfoque moderno debe orientarse a anticiparse a estos eventos”.
En ese sentido, propuso una evolución hacia una gestión más estratégica y sofisticada, donde el cumplimiento deje de ser reactivo y pase a convertirse en un elemento clave dentro de la planificación empresarial.
El panel concluyó con un llamado a fortalecer la cultura de cumplimiento en todos los sectores, destacando la importancia de la articulación entre el ámbito académico, empresarial y gubernamental para enfrentar eficazmente el lavado de activos.
