Los profesionales del derecho también alertaron sobre las consecuencias de la unificación de las elecciones en los gobiernos locales, como establece la propuesta de cambio a la Carta Magna
Santo Domingo, R.D.- La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) reunió a cinco abogados constitucionalistas para analizar la reforma a la Constitución que impulsa el Gobierno, y cuestionaron las propuestas de reducir a 20 la cantidad de diputados, por considerar que violentaría el principio de representatividad de las provincias.
El panel, que dio una vista académica al proyecto de reforma, estuvo integrado por Ana Isabel Bonilla, magistrada emérita del Tribunal Constitucional; Félix Tena de Sosa, director técnico en la Procuraduría; Eric Raful Pérez, socio fundador de la firma León & Raful, y Flavio Darío Espinal, exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo. Maycar Mejía, abogada docente de derecho constitucional, fue moderadora.
La magistrada Ana Isabel Bonilla criticó que con 20 diputados menos, propuesta realizada por el bloque de diputados del partido oficialista, se estaría violando el principio de representatividad demográfica y la proporción a la densidad poblacional, que establece la misma Constitución dominicana.
“El sistema democrático nacional no es tan malo como a veces lo encontramos, porque la propia Constitución protege el principio mayoritario y también la minoría, por eso dice la Constitución que ninguna provincia puede tener menos de dos diputados”, resaltó. También dijo que, con esta propuesta, terminarían por ser afectados los últimos elegidos con el método D’Hondt. “Eso es ver la fiebre en la sábana… Si el Congreso se quisiera sacrificar puede tener otros mecanismos, pero esta propuesta tiene un impacto que no sé cómo se arreglaría”, insistió Bonilla.
Para los abogados Eric Raful y Felix Sena, más fundamento técnico y democrático tenía la propuesta original del Poder Ejecutivo que establecía reducir 53 diputados, en lugar de 20 como ha asumido el propio oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
“Lo que impera es la distribución proporcional, no podemos cambiar esa distribución proporcional bajo la premisa de que Santo Domingo es la que tiene que sacrificarse más, porque es la que tiene más diputados. Mejor sacrifiquémonos todos proporcionalmente, o no se sacrifique nadie”, dijo Felix Sena.
Para el exconsultor jurídico, Flavio Dario Espinal, este planteamiento de que la propuesta afectaría la representatividad es un tema que debe discutirse con mayor profundidad.
¿Unificar las elecciones?
Al hablar de la unificación de las elecciones, Ana Isabel Bonilla aclaró que es partícipe de que las elecciones municipales sean separadas y advirtió que, de hacerlo, la conquista del no arrastre entre diputados y senadores, y el no arrastre entre síndicos y regidores, “se iría de paro, porque la Junta Central Electoral no podría contar, sería durar tres meses contando votos, y quien sabe”.
Así también coincidió el abogado Félix Sena, quien explicó que apoya más que las elecciones municipales se hagan a mediado término de la gestión gubernamental. “¿Qué esto supondría todos los años estar en campaña? ¡Señores, vivimos en República Dominicana, aquí antes de que el presidente juramentara sacaron la cabeza 18 candidatos presidenciales!”, exclamó, y resaltó que, en las instituciones democráticas, el argumento de reducir costos tampoco resulta en soluciones adecuadas.
Durante su intervención, el abogado Eric Raful expresó su desacuerdo con el uso de argumentos económicos para justificar cambios que afecten a las instituciones democráticas del país. “Yo soy de los que digo que a mí no me vengan con argumentos económicos para afectar instituciones democráticas”, afirmó el abogado, destacando que existen otros mecanismos que pueden generar ahorros significativos sin comprometer el sistema democrático.
En ese sentido, mencionó el “barrilito” como un ejemplo de fondos que podrían redirigirse para lograr estos fines. Raful señaló que, aunque reducir los costos es importante, “el gasto económico para tener una democracia que somos modelo ahora de la región, para mí no es un tema fundamental”.
Flavio Darío Espinal argumentó que mantener las elecciones presidenciales y congresuales unidas fortalece la gobernabilidad, sin embargo, argumentó que “para fortalecer la vida municipal, creo que deben ser dos procesos”.
El exconsultor jurídico también planteó modificar la Constitución mediante referendo aprobatorio, especialmente porque se busca que ningún funcionario de elección popular se beneficie de una reforma constitucional realizada durante su mandato, cuando este verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia en el cargo.
“Me he inclinado por la posibilidad de que se lleve un referendo aprobatorio, no por razones de discusión procedimental, sino porque eso le da un carácter, una categoría de que realmente la protege. Estoy viendo esto desde una perspectiva histórica y de filosofía constitucional”, explicó Flavio Darío Espinal.
El evento, que atrajo a académicos, estudiantes y miembros de la sociedad civil, se centró en las implicaciones legales, sociales y políticas de la reforma. Héctor Alies, director de la Escuela de Derecho del campus Santo Domingo, explicó que este panel y se hace en este momento, “porque la propuesta misma ha madurado, con posiciones más claras sobre actores y entidades involucradas y lo que deseamos es arrojar luz sobre estas discusiones”.
Este debate también contó con el apoyo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS). “Toda propuesta de reforma constitucional es un pacto y como hemos visto que el debate se ha concentrado desde la perspectiva política, quisimos venir a la academia para socializar y explicar de qué se trata y qué se puede mejorar”, enfatizó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de FINJUS.
