Santiago, R.D.-La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), presentó el panel “Análisis crítico del nuevo Código Penal”, donde se discutieron los delitos de ocultamiento de pruebas, imputación falsa y denegación de justicia, así como las penas complementarias previstas en el nuevo texto legal, que entrará en vigor en 2026. El encuentro fue espacio para conversar sobre los retos y desafíos del nuevo Código Penal, por parte de actores que interactúan en los tribunales, así también críticas por parte de los profesionales del derecho.
El panel estuvo conformado por Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de la Procuraduría General de la República; Gladislenis Núñez, directora de la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago; Miguel Díaz, abogado penalista y docente universitario; Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Kenya Romero; jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, y la moderadora María del Pilar Zuleta, abogada penalista y docente de PUCMM.
El profesor Edwin Espinal, director de la Escuela de Derecho, agradeció la celebración de este análisis de la pieza legislativa, y explicó que este evento será el primera de muchas actividades, para aportar a la actualización de los estudiantes de la región y el país.
Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, advirtió que delitos como el de ocultamiento de pruebas vienen a penalizar un abuso institucional por cuenta del Ministerio Público, como órgano investigador de crímenes y delitos, y a elevar el rigor probatorio y la transparencia en el proceso penal. Además, Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de la Procuraduría General de la República, afirmó que ante la comisión del delito de imputación falsa debe actuarse tanto contra querellantes como miembros del Ministerio Público, cuando hayan actuado con dolo.
También, la magistrada Kenya Romero, en su calidad de jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, señaló que infracciones como la denegación de justicia, representa una “adicción punitiva” y se procura corregir las malas prácticas administrativas, que pueden resolverse por la vía disciplinaria.
En adición, la magistrada Gladisnelis Núñez, directora de la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, reconoció que las penas complementarias establecidas en el nuevo Código Penal procuran otorgar una verdadera tutela judicial. Sin embargo, el licenciado Miguel Díaz, abogado litigante y docente universitario, advirtió que esas penas fueron redactadas como una “carta abierta” para los jueces, quienes prácticamente asumirán el rol de representantes de las víctimas.
Al concluir el conversatorio, los participantes realizaron diversas preguntas sobre las posiciones y debates generados durante el espacio de reflexión.
